Tania Elena Velázquez Rodríguez, la presidenta del monopolio estatal de telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) fue incluida este fin de semana en la lista de Represores Cubanos, por contribuir a reprimir la libertad de expresión e información del pueblo con el polémico "tarifazo" que ha encendido las críticas de la población en la isla.
Velázquez Rodríguez, calificada como "represora de cuello blanco", fue acusada de violar el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ampara la libertad de opinión, expresión e información.
La funcionaria también es acusada por el proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) de violar el derecho al acceso asequible a internet, "al imponer y justificar públicamente un prohibitivo e impopular aumento de los precios del servicio de datos móviles", detalla el expediente abieto por Represores Cubanos.
Lee también "Quieren despojar al pueblo de internet": Cubanos responden a Díaz-Canel tras su defensa al tarifazoEl "tarifazo", anunciado el 30 de mayo de 2025, ha provocado una ola de protestas entre los cubanos, incluidos los estudiantes universitarios, que exigen a la empresa estatal la revocación de la medida. La semana pasada, la presidenta de ETECSA defendió las polémicas medidas y las justificó como "necesarias" ante lo que describió como una crítica situación financiera.
"Estamos en la encrucijada de que la empresa enfrenta un endeudamiento muy alto... enfrentamos deudas que no podemos pagar", dijo la funcionaria, al ser cuestionada sobre el costo que las nuevas tafifas -superiores al salario mínimo de unos 2,100 pesos-, representa para la mayoría de la población.
Cubanos dijeron a Martí Noticias que la medida no es más que otra de las estrategias utilizadas por el régimen de la isla para "quitarle" el dinero a los emigrados y ejercer un mayor control sobre el pueblo.
El régimen cubano ha respondido a la indignación ciudadana por el tarifazo con mayor vigilancia policial y control, denunciaron activistas, especialmente en La Habana, a los que no se les permite salir de su vivienda sin previa autorización de la Seguridad del Estado.